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5 de enero de 2017 . por: LBNSV.

Aportes para la cobertura periodística sobre la rebaja de la edad de imputabilidad

En los últimos días el Ministro de Justicia, Germán Garavano, junto varios dirigentes políticos pusieron nuevamente en discusión modificar la legislación con el fin de lograr la baja de punibilidad a los 14 años. Se trata de un tema que amerita un debate serio, para lo cual es importante contar con información veraz, sólida y actualizada. A su vez, es necesario abordar el asunto en toda su complejidad, sin que eso signifique emitir mensajes demasiado técnicos o tediosos. El primer punto es tener presente que el debate debe exceder las posiciones político partidarias, siendo el único eje rector la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y con ello sus múltiples y complejas visiones sobre el tema.

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¿QUÉ DICEN LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS?

El derecho de los adolescentes a ser juzgados y sancionados por un sistema especial tiene amplia consagración en los tratados internacionales de derechos humanos. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece ya algunas garantías generales, al igual que lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, 1981). Luego, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) consagra garantías expresas de un régimen penal especial para todas las personas menores de 18 años. La definición de la edad es el detonante de una serie de normas y obligaciones de protección a la infancia, establecidas tanto por la CDN como por las reglas de Naciones Unidas, que forman el Corpus Iuris de protección de los derechos humanos de los niños. Esta normativa es de carácter vinculante para los Estados parte de la CADH, como Argentina. Por tanto, la reforma constitucional que se propone es incompatible con lo que se establece en la CADH. Por otra parte, el artículo 2 de la CDN establece la obligación de los Estados de garantizar la efectividad de los derechos sin discriminación alguna. Mediante la reforma se establece un régimen que se basa en una apreciación subjetiva como es la madurez. De aprobarse, llevaría a que adolescentes de la misma edad enfrentaran a regímenes de responsabilidad distintos (el derecho penal especial y el de adultos). La potencial reforma tampoco contempla los artículos 37 y 40 de la CDN sobre los fines preventivos que fundan el derecho penal de los adolescentes. La propuesta tiene un marcado acento retributivo y de prevención especial negativa (o incapacitación). Aplicarla desvirtuará los principios de reinserción social que el ordenamiento internacional exige respecto de la intervención punitiva del Estado en personas menores de 18 años de edad. Se presenta, a su vez, una incompatibilidad con el interés superior del niño por el que vela la CDN. Según la Corte Internacional de Derechos Humanos, el interés superior del niño es el punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en la CDN: «La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención (Americana) cuando el caso se refiera a menores de edad». En la reforma hay un desconocimiento de la condición de niño. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es contundente al afirmar que «al someter a personas menores de 18 años al sistema ordinario de justicia, su condición de niños es totalmente negada y sus derechos violados».

REFERENCIAS A LA EDAD EN LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL

REGLAS DE BEIJING (1985):
›› REGLA 4.1: En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989):
›› Art. 1: Se aplicará por regla general a los menores de 18 años. ›› Art. 40.3: Los Estados adoptarán medidas para promover un sistema que establezca una edad mínima de responsabilidad penal.
›› Art. 37: Ningún menor de 18 años será sometido a torturas, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes. La detención se usará como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

REGLAS DE LA HABANA (1990):
›› Naciones Unidas recomienda su aplicación para la protección de los «menores» privados de libertad. Se las concibe como normas mínimas, de carácter diferenciado a las de los adultos.
›› Regla 11 a): Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley.

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (1998):
›› Art. 26: Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte. La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen.

DIFERENCIAS ENTRE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL Y EDAD DE IMPUTABILIDAD

Una de las cuestiones terminológicas más confusas es la diferencia entre culpabilidad, imputabilidad y responsabilidad. Se trata de atribuciones jurídicas y no de cualidades sustanciales relativas al ser de las personas, de modo que ninguna persona es penalmente responsable, imputable o culpable, sino que a la mayoría de las personas es posible atribuirles el carácter de imputables, culpables o responsables a través de procesos penales, si la ley así lo autoriza. En consecuencia, estos conceptos dependerán de los contextos jurídicos en los que son usados. En principio, son imputables penalmente aquellas personas que el ordenamiento jurídico considera capaces de culpabilidad. Son penalmente culpables quienes siendo capaces de culpabilidad les era exigible una conducta distinta a la que realizaron. Y son responsables penalmente aquellas personas imputables y culpables frente a quienes existe necesidad de reaccionar con una consecuencia jurídica penal (sanción, pena o medida). Esta triple distinción permite distinguir fases de responsabilidad penal según la edad del autor del delito. Así, a un período de absoluta inimputabilidad (edad mínima de responsabilidad penal) le seguirá uno de imputabilidad disminuida (que es característico de los adolescentes) y, finalmente, habrá un período en que se supone una plena imputabilidad al alcanzar la mayoría de edad penal (18 años). En el primer período las personas están exentas de responsabilidad penal de adolescentes y de adultos; en el segundo son responsables penalmente como adolescentes si les era exigible otra conducta, pero están exentos de la responsabilidad penal de adultos; y en la tercera fase responden al Código Penal de adultos si les era exigible otra conducta, es decir, si su actuar es culpable. La imputabilidad, en tanto capacidad de culpabilidad, se construye en virtud de consideraciones normativas, evidencias y conclusiones empíricas que apoyan la definición legal. La noción clave es la madurez. Las normas penales tienen funciones motivadoras para las personas: estas las afectarán modelando o controlando su conducta. Pero la función motivadora de la norma penal depende en parte del sujeto, porque para que la norma pueda motivar, debe estar dirigida a alguien que tenga desarrolladas unas mínimas capacidades de motivación. Esas capacidades exigen, a su vez, un mínimo desarrollo (expresado cualitativamente en la idea de madurez y objetivamente en la edad de la persona) y una normalidad del sujeto (no deben existir alteraciones psíquicas que impidan una motivación normal). La justificación de fijar uno de los límites de la capacidad de culpabilidad en la edad se explica por la constatación de que existe «una etapa en la evolución cronológica de la madurez del ser humano en la que aún no están plenamente asentados los rasgos psicológicos ni la personalidad». A partir de la mayoría de edad, se considera que el sujeto puede ser penalmente responsable dada su capacidad de actuar motivado por las normas, «salvo que tenga algún defecto o alteración psíquica que incida en su imputabilidad» (Muñoz Conde, 1985). Si bien legalmente los adolescentes menores de 18 años de edad están exentos de responsabilidad penal de adultos, el ordenamiento jurídico prevé para ellos, en caso que participen en hechos delictivos, un sistema de consecuencias jurídicas especiales. Por tanto, no debe confundirse inimputabilidad con ausencia de culpabilidad, irresponsabilidad e inexistencia de consecuencias jurídicas por el ilícito cometido. Es decir, un sistema de responsabilidad penal de adolescentes diferenciado del de adultos no significa impunidad.

ADOLESCENTES Y ADULTOS: JUSTIFICACIÓN DEL TRATO DIFERENCIADO

Las razones para tener un sistema penal que contemple sanciones penales diferentes a las de los adultos y menos gravosas (de menor duración e intensidad en la afectación de derechos) son principalmente tres:

›› La menor culpabilidad de los adolescentes en relación a los adultos.
›› El mayor impacto de la pena en la vida de los adolescentes.
›› El hecho de que los adolescentes están en una etapa de socialización, por lo que tienen mayores posibilidades de modificar su conducta que los adultos (Von Hirsch).
Se debe considerar la exigencia de hacer compatible la pena —su duración, intensidad y contenido— con la etapa de desarrollo en la que la persona se encuentra, tanto por la mayor sensibilidad o afectación personal que ciertas sanciones pueden producir en el adolescente, como por los efectos futuros. Las medidas socioeducativas, a diferencia de las penas del derecho penal de adultos, se modelan desde la finalidad preventiva y consideran un uso restringido, breve y excepcional de la privación de libertad. Un sistema especial de responsabilidad penal de adolescentes se funda en el derecho del niño a que en el tratamiento de la responsabilidad por las infracciones a la ley penal se respeten los principios y garantías del derecho penal. La respuesta estatal debe ajustarse a parámetros que consideren la etapa evolutiva del niño y el impacto que los sistemas penales pueden provocar en su desarrollo, que debe ser protegido por el derecho. Estas exigencias proceden, a nivel internacional, de las normas de la CDN, y a nivel del derecho comparado, de las normas legales que sustentan los sistemas especiales de responsabilidad penal de adolescentes.

QUÉ SON LAS PENAS Y MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS O EXCEPCIONALES

Las posibles sanciones ante una infracción son denominadas como medidas socioeducativas o medidas excepcionales. Esto no significa que pierdan su carácter de penas, en el sentido de ser sanciones impuestas por el juez. En todos los casos, los fines últimos que persigue la sanción en materia penal son los mismos: que la persona aprenda el debido comportamiento legal y comprenda que al transgredir una norma está violentando la convivencia social. Las penas en el CNA se dividen en medidas socioeducativas privativas de libertad y no privativas de libertad.

DONDE ESTAMOS HOY

La normativa a nivel nacional es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han señalado la necesidad de derogar la normativa nacional y sancionar una ley acorde a los estándares internacionales. De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos. Esta situación presenta grandes diferencias de una provincia a otra, que elaboran sus propios regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito según el organismo interviniente. La ausencia de una ley marco nacional favorece estas discrepancias entre provincias. En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En 2015 2, último relevamiento disponible, casi la totalidad de los 1.305 adolescentes privados de su libertad en centros cerrados eran varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años. Al momento del relevamiento, el 6,3% eran niños menores de 16 años. En este sentido, la baja de la edad de imputabilidad implicaría un cambio efectivo en la situación de 82 chicos menores de 16 años privados de libertad en todo el país. Por su parte, el 80% de adolescentes privados de su libertad se concentran en 5 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe. La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el incumplimiento de sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al esparcimiento y a la salud) son retos que aún perduran en el sistema de justicia. Para seguir avanzando Avanzar en la superación de estos desafíos requiere de la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema  especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia. De la misma manera, sería importante que se amplíe y mejore la oferta de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación y justicia comunitaria. El fortalecimiento de un sistema de protección integral resulta central. Inicialmente, para prevenir y trabajar antes que el niño o el adolescente entre en contacto con la ley penal. En segundo lugar, una vez que entró en contacto, acompañando y promoviendo sus derechos y; finalmente, fortaleciendo el egreso evitando nuevos conflictos y trabajando en un nuevo proyecto de vida. Adicionalmente, el sistema de protección debe estar fuertemente articulado con el sistema penal juvenil en materia de restitución de derechos y prevención. Por último, representaría un gran avance contar con un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas pertinentes y eficaces para abordar esta problemática.

ESTADISTICAS ACTUALES

Según una investigación realizada en 2007 por Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: unos 300 adolescentes. Cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 casos participan menores de 16 años. Ese análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

Fuentes de este texto:

Unicef Uruguay: https://www.unicef.org/uruguay/spanish/unicef-edad-imputabilidad.pdf

Unicef Argentina: https://www.unicef.org/argentina/spanish/Posicionamiento-Justicia-Penal-Juvenil2017.pdf
1 http://www.12millones.org/index.php/p9/
2 Datos del relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal. Año 2015, SENNAF/UNICEF. https://www.unicef.org/argentina/spanish/PROTECCION_AdolescConflictoLeyPenal_Final.pdf

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PH: Lucia Villegas, “Los espartanos”

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